14-01-2022
El pasado miércoles, día 12, la dirección del colegio Joaquim Abril de San Fost de Campsentelles, recibió un burofax en nombre de Ampa Total, en el que se les requería que informasen de los cambios realizados para dar cumplimiento a la sentencia del 25% y se les concedía un plazo de cinco días para introducir el español como lengua vehicular. También se les advertía que en caso de no hacerlo se instaría ante el TSJC la ejecución de la sentencia.
Ángel Escolano, presidente de Convivencia Cívica Catalana, declaraba lo siguiente al respecto «Esta va a ser la primera acción judicial que se plantea para que la doctrina del Tribunal Supremo que obliga a que el castellano sea también vehicular en la enseñanza en Cataluña se aplique con carácter general en un centro, evitando que se aplique sólo a la clase del hijo de quien reclama y evitando que los padres y sus hijos tengan que marcarse».
Por otra parte, la nueva AMPA solicitaba la cesión de un espacio en el tablón de anuncios de la Escuela para poder colgar sus comunicados y otros derechos que tienen estas asociaciones, como a poder celebrar reuniones en el colegio y participar en las elecciones al Consejo Escolar.
Tanto Hablamos Español, como Convivencia Cívica están llevando a cabo una intensa labor de información y concienciación entre los padres y ya se han creado varias AMPA más, que formarán parte de la federación Ampa Total. El sábado, instalarán al efecto dos carpas en el barrio de Sarriá de Barcelona.
Hoy también se ha dado a conocer la primera resolución de una dirección rechazando la solicitud de aplicación de una sentencia realizada por una familia. Se trata de la dirección de un instituto de Manresa que ha respondido esta semana a un padre que registró una petición el pasado 17 de diciembre, una vez la sentencia era firme. La dirección del centro responde que sigue las directrices de la Generalidad y que no habrá cambios. Gloria Lago, presidente de Hablamos Español, entidad a la que ha pedido ayuda este padre, ha declarado que lo que ahora procede es solicitar que el TSJC obligue al centro a cumplir y, en caso de que el director no lo haga, procederá judicialmente contra él.
