Estamos muy preocupados por la deriva que está tomando la imposición lingüística en la Comunidad Valenciana, tanto en el ámbito de la administración, donde el español va desapareciendo, como en el de la Educación, que es el que afecta de una manera más dolorosa a las personas.
Ahora que el curso escolar ya ha comenzado, muchos padres que desconocían en qué medida este problema iba a afectar a sus hijos, se dan cuenta de que el español ha desaparecido de una manera considerable de los libros de texto y, por lo tanto, de las asignaturas de sus hijos.
Todos los días nos llegan consultas de padres; generalmente preguntan si es legal el reparto de asignaturas por idioma en el centro de enseñanza de sus hijos.
Paralelamente a la campaña de apoyo a una Ley de Libertad de Elección Lingüística a nivel nacional, que nos dotaría de un sistema homologable al de los países con más de una lengua oficial, Hablamos Español va a poner en marcha campañas y acciones que ayuden a paliar esta lacra que tanto afecta a los niños cuya lengua materna es el español.
Hoy hemos comenzado a distribuir entre la comunidad educativa un documento con el que los padres pueden pedir en los colegios de sus hijos que les permitan usar los libros de texto en español, y expresarse en este idioma en pruebas y exámenes. Consideramos que la Ley 4/2018, obliga a los profesores a impartir las asignaturas en una determinada lengua, pero no así a los alumnos, que en el caso de los que tienen el español como lengua materna, se verían beneficiados y podrían paliar en parte los efectos de esta injusta y poco pedagógica prohibición de estudiar en su lengua materna.
Por otra parte, hemos abierto la expansión de correo denuncia@hispanohablantes.es donde a partir de hoy se recogerán denuncias por discriminación lingüística y adoctrinamiento.
A través de la campaña #NiQuietosNicallados Hablamos Español busca animar a los padres a reclamar sus derechos. Mientras no se consiga cambiar la legislación discriminatoria para con los hispanohablantes, Hablamos Español aprovechará el más mínimo resquicio legal para mejorar la situación de los niños cuyas familias prefieren educación en español, acogerá a los padres indignados, y canalizará el descontento de la comunidad educativa que no comulga con las políticas lingüísticas nacionalistas.