La ILP de Libertad de Elección de Lengua de Hablamos Español ha sido admitida a trámite por el Congreso de los Diputados, y con la ayuda de miles de personas de toda España se están recabando las 500.000 firmas certificadas, necesarias para que sea debatida en las Cortes.
Ayer, en la manifestación pro Tabarnia celebrada en Barcelona, la gente hacía cola ante la mesa habilitada por voluntarios de la asociación para recoger firmas. Además de firmar gran cantidad de personas, muchas de ellas animaban a la asociación pro libertad de libertad de lengua a organizar movilizaciones en la calle para reclamar un cambio drástico en la política lingüística, una petición que en Hablamos Español se recibe con frecuencia desde Cataluña. Muchos catalanes quieren manifestar su protesta ante el modo como se pisotean sus derechos lingüísticos.
Esta mañana, la presidente de la Asociación, Gloria Lago, ha cursado una petición a las 50 entidades que han ofrecido su colaboración a Hablamos Español, para que se convoque una manifestación conjunta en la que se reclame para Cataluña, y para el resto de España, una política lingüística homologable a las de todos los lugares donde hay bilingüismo. Entre estas figuran entidades catalanas con sólida estructura, medios, y larga trayectoria en la lucha contra la imposición de lengua como Sociedad Civil Catalana, Asociación por la Tolerancia, o el Sindicato Ames, y también fundaciones, asociaciones, y plataformas que luchan por los derechos civiles tanto en Cataluña como en el resto de España.
La ILP de Libertad de Elección Lingüística que promueve Hablamos Español, se basa en las políticas que se aplican en todas las democracias con más de una lengua oficial en un territorio. En esos países, las administraciones públicas usan los dos idiomas, no se discrimina injusta y arbitrariamente a los hablantes de una lengua para acceder a la función pública, ni se eliminan sus topónimos del ámbito oficial y, por supuesto, se elige la lengua vehicular en la enseñanza. En ninguno de estos países los alumnos son obligados a estudiar, íntegramente o en parte, en una lengua que no es la suya como sucede en Cataluña y en otras CCAA de España.
La inmersión obligatoria es una aberración, y la enseñanza con dos lenguas vehiculares ha de ser voluntaria y llevarse a cabo en una lengua de interés para el alumno, porque estudiar en una lengua que no es la materna supone un esfuerzo añadido y deja de adquirirse terminología en la lengua del alumno. Es posible que en lugares como Cataluña un gran número de alumnos elegirían, al menos inicialmente, enseñanza en ambas lenguas oficiales, pero es imprescindible que existan líneas en español como lengua vehicular, con la otra lengua oficial como asignatura para los que lo prefieran, y para los hijos de personas procedentes de otras CCAA. Esto permitiría, además, que los alumnos que quieran ser educados con el catalán como lengua vehicular, puedan hacerlo sin restricciones. La libertad de elección de lengua está amparada por la doctrina del TC, que en todas las sentencias (1986, 1994 y 2010) acepta como constitucionales el sistema con dos lenguas como vehiculares, y también el de libre elección, siendo la última de estas sentencias posterior a la aprobación de la actual Ley de Educación de Cataluña. Esto quedó patente en el dictamen del Comité de Expertos que supervisa la aplicación de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias (CELROM). La única forma de que España cumpla con los compromisos al ratificar este tratado, es con líneas de elección de lengua vehicular, un sistema respetuoso con la legislación, acorde con la legislación de las democracias de nuestro entorno, que aplican desde Reino Unido o Finlandia hasta Sudáfrica, y que es cohesionador y beneficioso para los alumnos desde el punto de vista pedagógico. Hablamos Español quiere con esta propuesta de movilización, animar a todos los colectivos que rechazan la exclusión del español de la escuela, a aunar esfuerzos desde las diferentes sensibilidades para dar a los ciudadanos de Cataluña la posibilidad de sacudir la conciencia de la clase política y animarla a actuar.