Nos hemos propuesto devolver el español a los hospitales y los centros de salud.
14-10-2022
La documentación ha sido registrada por responsables de la asociación de la Comunidad Valenciana, Baleares y Galicia en dependencias de los respectivos gobiernos autonómicos. En el caso de Cataluña, la ha presentado personalmente la presidente de Hablamos Español, Gloria Lago, que se encontraba estos días en Barcelona para asistir a los actos conmemorativos del 12 de octubre.
En palabras de la presidente de la asociación: “Nos hemos propuesto devolver el español a los hospitales y a los centros de salud. La exclusión del español de un ámbito tan sensible, es una buena muestra de lo absurdas y fanáticas que son las políticas lingüísticas llamadas normalizadoras, ¿hay algo más normal que poder trasladarte por tu país viendo la lengua oficial común en todos estos espacios?”
El problema de la imposición lingüística que existe en todas las comunidades autónomas con cooficialidad no se limita al ámbito educativo, sino que se extiende a todos los sectores, también al administrativo. El de la administración sanitaria es el más grave, por lo sorprendente, entorpecedor y absurdo que supone eliminar una lengua oficial y hablada en toda España, de la señales y documentos en un ámbito que afecta a la salud.
La eliminación del español de los espacios sanitarios sostenidos con fondos públicos es casi absoluta en Galicia y Cataluña, está muy extendida en Baleares y va ganando terreno en la Comunidad Valenciana. Por ahora se salvan Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca. En esta última lo que más nos preocupa en este momento son los cambios legislativos que se están gestando para implantar un sistema lingüístico en la educación similar al catalán, aunque ya hemos encontrado algunos ejemplos de monolingüismo en la cartelería sanitaria. Se adjunta a la petición el informe realizado por Hablamos Español con pruebas gráficas y un análisis de la falta de cumplimiento de la cooficialidad lingüística en estas comunidades y que va más allá de la rotulación, documentación y campañas sanitarias.
Informe visual: https://hispanohablantes.es/medios/INFORME_VISUAL_Hablamos_Espa%C3%B1ol.pdf
El equipo de abogados de Hablamos Español basa su fundamentación jurídica en la Constitución española, en sentencias del Tribunal Constitucional, y en tratados internacionales ratificados por España. También se incluye argumentación de Defensores del Pueblo que ya se han pronunciado respecto a peticiones realizadas por Hablamos Español en este ámbito.
Por otra parte, invocando el derecho a participar en los asuntos públicos que consagra en art.23 de la Constitución Española, se adjuntan las firmas de 100 usuarios de la Sanidad Pública de cada Comunidad Autónoma y de 1000 de otras CCAA sin cooficialidad lingüística, por cuanto que la defensa de los derechos civiles expresados es de naturaleza común a todos los españoles, cuando “….tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional” de acuerdo con el art.19 de nuestra Carta Magna y la indebida existencia de un monolingüismo en lengua cooficial autonómica, supone un trato discriminatorio, vulnerador del artículo 14 de la Constitución, así como de los Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad contenidos en el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación al Artículo 3. Principios generales de la misma Ley 40/2015.
El diseño de políticas de normalización lingüística, autorizadas y plenamente legales con la normativa vigente con relación a la lengua cooficial autonómica, encuentra como límite lógico los derechos reconocidos constitucional, estatutaria y legalmente a los ciudadanos de esta Comunidad, también aquellos ciudadanos cuya lengua habitual es el castellano-español.
En definitiva, la normalización lingüística no puede conseguirse, ni ha de hacerse, sobre la base de la infracción de las disposiciones vigentes.
Es por eso, que la Administración Pública a la hora de elaborar concretas políticas de normalización lingüística, ha de encontrar el punto justo de equilibrio entre las necesidades de fomentar y potenciar el uso oficial y social de la lengua cooficial de ámbito autonómico, y los derechos lingüísticos reconocidos a todos los ciudadanos de esta CCAA, sea cual sea su realidad idiomática.
De forma paralela al inicio de este procedimiento se llevarán a cabo acciones de presión y concienciación y una ronda de contactos con los responsables de Sanidad de estas comunidades autónomas, de cuyo resultado informaremos.
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