La Odisea de este profesor para poder usar el español en las comunicaciones con sus compañeros comenzó en noviembre de 2017.
Una auditoría encargada por la Consejería de Educación, detectó que en el conservatorio donde imparte clases se había redactado un acta en español, algo prohibido por el Decreto aprobado por Núñez Feijóo cuando accedió al gobierno de la Xunta. Además de prohibir el español en las asignaturas con más manejo de textos, las más interesantes para adquirir vocabulario y una buena expresión oral y escrita, se ha eliminado de la administración educativa, en todo tipo de centros sostenidos con fondos públicos: actas, programaciones, boletines, comunicaciones, todo ha de ser monolingüe en gallego, pero hasta entonces la Xunta no se había inmiscuido en las comunicaciones internas en los centros.
Cuando el Jefe de su Departamento didáctico le comunica, el 8 de noviembre de 2017, que no podría usar el español en ninguna plantilla o documento que remitiese al centro – y, muy especialmente, no podría usarlo en informes interdepartamentales que sirven de comunicaciones entre el profesorado-, este docente se puso en contacto con Galicia Bilingüe, ahora integrada en la Asociación Hablamos Español, en busca de asesoramiento. Le explicamos que aunque el Decreto (eufemísticamente) llamado de Plurilingüismo, establece que la lengua de la Administración Educativa es el gallego, se añadía la expresión con carácter general, porque tanto el TSJG como el TC, ya aclararon en su día que no se puede excluir el español como lengua de la Administración. Por lo tanto sí podía el profesor usar el español acogiéndose a esa cláusula de excepcionalidad y a la doctrina del TC.
Como él envió, después de esta noticia, un texto destinado a uno de esos informes para el profesorado en español, se lo tradujeron, y hubo de aclarar por escrito que no reconocía esas traducciones.
En febrero de 2018 el Inspector que tienen asignado acudió al conservatorio y le comunicó verbalmente que sólo podía usar el gallego en textos destinados a cualquier escrito académico. A partir de entonces se vio obligado a hacerlo así y emprendió, asesorado por Galicia Bilingüe, una batalla de escritos y peticiones que lo han llevado hasta la Valedora del pueblo de Galicia. Ésta, por segunda vez en diciembre de 2018, requirió a la Consejería de Educación para que le envíe información sobre el caso.
Al revisar el caso de este profesor, además de repasar la documentación que adjuntamos escaneada, hemos vuelto a ver todos los mensajes de correo intercambiados con este profesor del Conservatorio de Vigo. Es una verdadera vergüenza que un profesional de la enseñanza haya estado sometido a este ridículo asedio para evitar que use una lengua oficial, que es además la de la práctica totalidad de sus alumnos.
Hay más profesores que han querido usar el español en Galicia con anterioridad, en actas y programaciones, pero han sido más o menos sutilmente “convencidos” por las autoridades educativas para que dejasen de hacerlo. El caso de este profesor de conservatorio es singular y merece admiración, sobre todo teniendo en cuenta los métodos que utiliza la Xunta de Feijóo con los disidentes a su nacionalismo lingüístico. En concreto, el Inspector Jefe que ha llevado este caso, es el mismo que desautorizó a un padre que le pidió que se retirara de la entrada del colegio de su hija un cartel con la bandera gallega sobre el que se podía leer “Habla Gallego no seas lelo”. Torres Vizcaya, este Inspector Jefe, no sólo le quitó la razón al padre, sino que la Xunta premió a este colegio que había mantenido el ofensivo cartel contra los niños de lengua materna española.
Documentos que se aportan (ver PDF):
- 20 de diciembre. Presenta escrito ante el CMUS informando sobre la legislación en que se ampara para seguir usando el español y advirtiendo que no reconoce la traducción de sus escritos.
- 8 de febrero. Correo electrónico del director del CMUS comunicando que ha de usar el gallego para la redacción de los informes interdepartamentales ya mencionados. Este correo se envía inmediatamente después de recibir la visita del Inspector del centro, en la que le comunica verbalmente que no puede usar el español en escritos destinados a ningún documento académico.
- 21 de febrero. Se dirige por escrito al Inspector para solicitar que se plasme por escrito la orden verbal que se le ha dado, y pide constancia escrita sobre su falta de derecho a desautorizar las traducciones que hiciesen de sus escritos. El inspector remitiría este escrito al Inspector Jefe Provincial.
- 21 de marzo. Ante la nula respuesta, dirige la petición, directamente, al Inspector Jefe.
- 31 de mayo. Recibe respuesta del Inspector Jefe de la provincia de Pontevedra, Torres Vizcaya, quien le transmite que las comunicaciones “ad intra y ad extra” del centro educativo serán en gallego; que en los centros sostenidos con fondos públicos se usará con carácter general el gallego y se fomentará su uso oral y escrito tanto en las relaciones mutuas e internas, como en las que mantienen con la administración o con cualquier entidad, exceptuando las de otras CCAA. Y lo más interesante: en el escrito se le advierte al profesor con el artículo 20 del Decreto 79/2010, donde se precisa que la Inspección velará por el cumplimiento de tales instrucciones y que propondrá a la Jefatura Territorial de Educación, en caso de incumplimiento, la “adopción de medidas correctoras”… En fin: expedientarlo.
- 13 de junio. El profesor presenta recurso de alzada.
- 30 de septiembre. Como no le responden, el 30 de septiembre presenta queja ante la Valedora.
- 4 de octubre. La Valedora recibe la queja.
- 8 de octubre. La Valedora le comunica que ha requerido a la Consejería de Educación información sobre el caso.
- 22 de octubre. Se le entrega un escrito de respuesta, plagado de defectos de forma e incoherente con lo solicitado, al recurso de alzada, reafirmándose la Jefatura Territorial de Pontevedra en la contestación que le había remitido meses antes el Inspector Jefe. La resolución se la da el Inspector del centro en presencia del Director.
- 25 de octubre. El profesor presenta de nuevo una queja ante la Valedora -que se anexa a su expediente- ya que la resolución del Jefe Territorial se le ha entregado más de un mes después de finalizar el plazo para resolver, y sin respetar la legislación vigente.
- 12 de diciembre. La Valedora le informa que ha tenido que requerir nuevamente a la Consejería porque no le remiten la información requerida, incumpliendo la ley.
La Valedora sigue, a fecha de hoy, sin recibir ningún informe de la Consejería de Educación a pesar de su obligación, por ley, de responder en un plazo de 15 días -y ya han pasado cuatro meses desde el primer requerimiento-.