El Juzgado de lo Social correspondiente ha recibido una solicitud de información para poder formular en su día una demanda por vulneración de Derechos Fundamentales y/o conflicto colectivo, según lo que se derive de la documentación aportada por el Ayuntamiento de Barcelona.
Según los datos de que disponemos, el Ayuntamiento de Barcelona ha despedido a 12 trabajadores laborales por causa del C1 de catalán y a 7 funcionarios.
Tras la difusión del caso de José Joaquín Sánchez, el clarinetista despedido después de haber servido de forma impecable en la Banda Municipal de Barcelona, otros afectados han pedido asesoramiento y ayuda. Hemos solicitado al juzgado que se nos facilite el listado completo de todos los trabajadores que han sido despedidos por no haber aprobado el examen de catalán en el proceso de estabilización, así como los que ha cesado por cualquier circunstancia relacionada con dicha prueba, o con la acreditación de un determinado nivel de conocimiento del catalán.
Por otra parte, hay una circunstancia que nos parece relevante. De los 6 trabajadores que han pedido asesoramiento y ayuda, 5 tienen un marcado acento andaluz. Por lo tanto, ante la sospecha de que, además de una discriminación por motivos lingüísticos, pudiéramos estar ante una práctica discriminatoria por parte del ayuntamiento (suspender a trabajadores de origen andaluz por su acento en una prueba oral de catalán, y luego cesarles tras un contrato de interinidad de más de 25 años), hemos interesado la práctica de las siguientes diligencias:
- Actas de las pruebas de catalán (orales y escritas) realizadas a todos los aspirantes examinados en el proceso de estabilización, con las anotaciones que hayan podido efectuar los evaluadores.
- Provincia de nacimiento de todos los examinados de la prueba de catalán referenciada en el punto anterior. Al ser todos interinos en un proceso de estabilización, la administración ha dado de alta a los mismos y conoce dicha información al incluirse en los formularios de alta en la Seguridad Social.
La solicitud se ha presentado en nombre de Convivencia Cívica Catalana. Estos datos y otros, tales como la copia de los contratos de los funcionarios de carrera que han sustituido a estos trabajadores, darán cuerpo a la demanda que esta entidad y la Asociación Hablamos Español formularán en su día por vulneración de Derechos fundamentales y/o conflicto colectivo. A esto se añadiría, según lo que se derive de la documentación aportada por el Ayuntamiento de Barcelona, una denuncia por discriminación, en base a los artículos 17.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social en relación con el artículo 29.1 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.
Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.
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